NUEVA YORK, 19 de noviembre de 2020, (BWNS) – Un comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el miércoles una resolución en la que pedía a Irán que respetara los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los miembros de la Fe bahá’í.
La Tercera Comisión de la Asamblea General aprobó la resolución por 79 votos contra 32 y 64 abstenciones. La resolución pide a Irán que “elimine, en la ley y en la práctica, … todas las formas de discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, religión o creencias, incluidas las restricciones económicas, … la denegación y las restricciones al acceso a la educación, también para los miembros de la Fe bahá’í … ”. Las resoluciones también instan a poner fin a “otras violaciones de derechos humanos contra personas pertenecientes a minorías religiosas reconocidas y no reconocidas”.
Durante más de 40 años, toda la comunidad bahá’í en Irán ha estado sujeta a una persecución continua patrocinada por el estado, que la Comunidad Internacional Bahá’í (CIB) describe como multidimensional y que afecta a cada uno de sus miembros a lo largo de generaciones, dentro de cada fase del proceso de vida, e incluso en la muerte.
La CIB expresó: «Si bien las tácticas específicas empleadas por las autoridades iraníes a veces han cambiado, su objetivo de destruir a la comunidad bahá’í como una entidad viable en Irán continúa con toda su fuerza». Bani Dugal, la Representante principal de la CIB ante las Naciones Unidas, afirmaba: “A través de varios medios, las autoridades mantienen el enfoque en este objetivo al esforzarse por excluir a los bahá’ís de la esfera pública, evitar que expresen sus creencias, empobrecerlos económicamente, socavar su avance intelectual, borran vestigios de su historia y cultura, además de difundir desinformación sobre ellos e incitar al público a crear un ambiente de odio contra ello.”
«Esperemos que Irán por fin preste atención a las recomendaciones de esta resolución y al llamado de la comunidad internacional para que defienda los derechos humanos de sus ciudadanos». La resolución será confirmada por el plenario de la Asamblea General en diciembre.
Ver Declaración Institucional del Parlamento de Canarias
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